4/12/09

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NOTA

POLÍTICA
* PRI presenta reformas a la Ley General de Salud que garantiza ILE
-- De aprobarse, sería obligada la atención en hospitales públicos

Por Gladis Torres Ruiz

México DF, 3 diciembre 09 (CIMAC).- El priista
César Augusto Santiago Ramírez, presentó una
iniciativa para reformar la Ley General de Salud,
con el objetivo de “garantizar que las
instituciones públicas de salud otorguen los
servicios necesarios para la interrupción legal
del embarazo”, a pesar de que ese partido en
alianza con Acción Nacional (PAN), aprobó
reformas en 17 estados que criminalizan a las
mujeres que deciden abortar, aún en casos de violación.

La iniciativa que fue turnada a la Comisión de
Salud de la Cámara de diputados, plantea que las
instituciones públicas de salud de manera
gratuita y en condiciones de calidad, deberán
proceder a la interrupción legal del embarazo en
los supuestos permitidos por la legislación penal
que resulte aplicable, y cuando la mujer
interesada así lo solicite en un término de cinco
días, contados a partir de que sea presentada la solicitud.

Asimismo advierte que cuando sea urgente el
aborto para proteger la salud o la vida de la
mujer, no podrá invocarse la objeción de
conciencia. “Será obligación de las instituciones
públicas de salud garantizar la oportuna
prestación de los servicios y la permanente
disponibilidad de personal en la materia”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud
Reproductiva 2003 (Ensar 2003) en México seis de
cada diez embarazos no son deseados o
planeados; se calcula que, cada año, unas 120
mil mujeres buscan tratamiento en los hospitales
públicos por complicaciones relacionadas con abortos mal practicados.

La iniciativa presentada el martes pasado por el
legislador César Augusto Santiago ante el pleno
de la Cámara de Diputados, plantea la necesidad
de reformar la Ley General de Salud, en materia
de salud sexual y reproductiva, con el fin de
considerar el aborto como una problema de salud
pública y “garantizar” la atención a mujeres que
requieran abortar, a fin de que cuenten con las
condiciones indispensables de atención sanitaria.

Al momento de presentar la iniciativa, el también
presidente de la Comisión Jurisdiccional, afirmó:
“se debe poner fin a esta forma de discriminación
silenciosa en que ha incurrido el Estado
mexicano, regulando los procedimientos que
permitan y garanticen a las mujeres gozar de la
prestación de los servicios de salud que son necesarios para el aborto”.

La finalidad, aseguró es proteger los derechos
fundamentales a la vida, protección, salud y a la
integridad física de que son titulares las mujeres.

El diputado Santiago Ramírez señaló que de
aprobarse las modificaciones a la Ley General de
Salud se podrá evitar cualquier forma de
discriminación en el acceso a los servicios, toda
vez que hoy la carencia de atención genera que
sólo las mujeres con recursos económicos pueden
obtener la prestación de calidad, mientras que
las que viven en condiciones de pobreza, son
atendidas en condiciones insatisfactorias.

LA INFORMACIÓN ES VITAL PARA ADOLESCENTES

Santiago Ramírez dijo que otro tema que aborda la
iniciativa es el relativo a la concepción de que
las relaciones sexuales sólo son aceptables
cuando tienen por fin la procreación, “lo que
representa un tema grave y delicado de salud pública”.

Al respecto destacó que la iniciativa propone un
mecanismo para que las y los adolescentes puedan
ser orientados, educados en materia de salud
sexual y reproductiva. “Tenemos la costumbre de
que en los temas de educación sexual siempre
vamos con el criterio negativo, es decir,
prohibir y sancionar, cuando debe ser más
importante prevenir, aconsejar, educar”.

Es necesaria, agregó, una reglamentación
específica que obligue a diseñar campañas de
información para adolescentes que inician su vida
sexual activa porque la atención de la salud
sexual y reproductiva tiene un carácter
prioritario, pues el propósito es garantizar un
estado general de bienestar físico, mental y social.

En este contexto, el legislador enfatizó que en
México se requiere atender de manera especial los
pacientes con infecciones de transmisión sexual
(ITS) y del VIH/Sida, además de impulsar
programas de prevención e información, además de
establecer las medidas tendientes a prevenir los embarazos en adolescentes.

Actualmente son 17 las entidades las que han
aprobado leyes que protegen la vida desde el
momento de la concepción y criminalizan el
aborto. Los grandes actores en este retroceso han
sido el PAN y el PRI, en alianza coyuntural
apoyada por integrantes de otros partidos, como
el Verde Ecologista de México, a esos estados se
suma Chihuahua, que aprobó una reforma antiaborto en 1994.

09/GTR/LAG/LGL