26/1/11

postales

Como saben en septiembre pasado la Colectiva publicó una serie de postales relativos al aborto en México, ALyC asi que se las compartimos nuevamente, gracias!

La guanajuatizacion de México por Roberto Blancarte

En el tema de libertades civiles y religiosas se puede decir que existe un triángulo de relaciones. Por un lado está el individuo y su libre conciencia, por el otro está la Iglesia o las instituciones religiosas y, finalmente, en el tercer ángulo encontramos al Estado. En muchas ocasiones las iglesias han servido para proteger al individuo, en contra de la opresión del Estado, por ejemplo durante la época de las repúblicas soviéticas en Europa del Este. En otros casos, como el de Europa Occidental en los dos últimos siglos, el Estado ha sido el que ha protegido al individuo frente a las iglesias, garantizando cada vez más y mejor la libertad de conciencia y otras libertades que se derivan de ella, como la de creencias, de religión, de culto, de expresión, de decisión. El peor escenario para estas y otras libertades es la unión entre la Iglesia y las religiones con el Estado: cuando este último se convierte en el brazo armado de una o varias religiones, en lugar del garante de las libertades ciudadanas, la tendencia lógica es que las libertades disminuyan. No hay peor cosa entonces que un Estado aliado a una Iglesia o incluso a varias de ellas, porque terminan imponiendo criterios doctrinales religiosos, que no todo mundo comparte, por medio de las políticas públicas. Si hay algo que los mexicanos hemos aprendido es precisamente que no hay peor mal para las libertades que la alianza entre Estado e Iglesia.

Desafortunadamente, hay funcionarios públicos y representantes populares que, ignorando este principio básico establecido en el artículo 130 de la Constitución, se alían con las dirigencias religiosas para imponer a toda la población la doctrina de una iglesia o sus convicciones personales. Es el caso del gobernador de Guanajuato, quien, aliándose con el arzobispo de León, pretende poner a debate el principio de la educación laica, apoyándose en los mismos argumentos que la Iglesia católica ha sostenido en México durante los últimos 100 años. El gobernador de Guanajuato intenta introducir un debate sobre algo que está zanjado y establecido en el artículo 3 de la Constitución, a sabiendas de que éste es uno de los principios esenciales de nuestro régimen social y político. Está siendo el instrumento del arzobispo de León para cuestionar un principio de esa misma Constitución que él juro defender y para lo cual fue elegido por los ciudadanos. Alguien le tendría que aclarar que él no fue elegido como Sumo Pontífice o dirigente religioso, sino como servidor público, y que está obligado a defender y hacer valer las leyes nacionales y de su estado. Cualquier otro comportamiento lo vuelve responsable política y legalmente.

Lo peor del caso es que, como buenos monaguillos, muchos funcionarios, como el gobernador de Guanajuato, se olvidan de su responsabilidad principal y repiten los argumentos de los dirigentes religiosos. El principal de ellos es completamente falso. Dicen los obispos católicos que México está obligado a incluir la instrucción religiosa en las escuelas públicas porque los tratados internacionales que nuestro país ha firmado afirman el derecho de los padres a educar a sus hijos. La falacia es evidente; que México se haya comprometido a garantizar ese derecho, en efecto básico, no quiere decir que el Estado mexicano sea el que tenga que impartir dicha educación. En otras palabras, los padres en nuestro país tienen el derecho de darles a sus hijos la educación religiosa que ellos quieran, pero eso no significa que la escuela pública deba encargarse de ello. Para eso está la familia y eventualmente las propias iglesias. De hecho, son los propios creyentes mexicanos de todas las religiones, la mayoritaria o las minoritarias, los que prefieren que así sea y que la escuela pública permanezca precisamente como eso, es decir, como un espacio público, ajeno a cualquier forma de adoctrinamiento religioso. El derecho de los padres está en consecuencia garantizado porque el Estado no pretende suplir a los padres en esta función, quienes deciden libremente si esa educación la imparten ellos mismos o la delegan a sus organizaciones religiosas.

Lo curioso de la posición del episcopado católico y de los políticos que funcionan como sus monaguillos, es que, cuando es en su propio beneficio, contradicen su postura respecto al Estado; hablan de que éste sólo debe actuar de manera subsidiaria y supletoria, es decir sólo cuando las organizaciones civiles no pueden llevarlas a cabo. Pero en este caso pretenden que el Estado le haga el trabajo a la Iglesia, en virtud de que ella misma no puede alcanzar a toda la población. En otras palabras, aquellos que piden la menor intervención del Estado quieren que éste les haga el trabajo que ellos mismos deben hacer. No le bastan, pues, a la Iglesia católica sus propias escuelas; requiere de las de todos, es decir las públicas, aunque allí acudan miembros de otras religiones o agnósticos, a quienes no les interesa una educación religiosa tutelada por la Iglesia católica o por un conjunto de iglesias. Que los dirigentes católicos o de algunas religiones lo pidan, no me extraña. Lo inadmisible es que este movimiento lo esté encabezando en la práctica el gobernador civil de un estado laico.



Un saludo



Comité Coordinador

José Angel Aguilar Gil