24/2/11

Noticias F

Militarización en AL viola derechos de mujeres indígenas
-- Analizarán en encuentro continental feminicidio en la región

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 23 feb 11 (CIMAC).- Ante el incremento de la violencia contra las mujeres en las comunidades indígenas de América Latina (AL), así como la creciente militarización en la región, el combate al feminicidio formará parte del VI Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas.

En entrevista con Cimacnoticias, Martha Sánchez Nestor, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, anunció que el VI Encuentro, que ha tenido como sedes Ecuador, Panamá, Perú y Canadá, se realizará del 5 al 8 de marzo próximo en Hueyapan, estado de Morelos.

Durante las Jornadas de Derechos Humanos y Gestión de Paz, que se realiza en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Sánchez Nestor precisó que los puntos a discutir en el VI Encuentro tienen que ver con la vida de las mujeres, pero también con la de sus pueblos.

Vamos a discutir la participación política de las mujeres; liderazgo y empoderamiento; globalización y desarrollo; cambio climático, y vamos a tener un panel específico de jóvenes y niñas y niños indígenas, detalló.

Además se discutirá lo que tiene que ver con salud y educación, para hacer una evaluación de qué tanto se ha avanzado y cuánto falta por avanzar, señaló Sánchez Nestor.

En materia de violencia contra las mujeres precisó que se discutirán los logros legislativos que hay en los países de AL, respecto a la prevención, sanción y erradicación del flagelo.

Abundó que se realizará un balance de la violencia contra las mujeres ejercida en territorios militarizados.

“Vienen mujeres de países como Colombia, Guatemala, y de aquí mismo en México, quienes traen todo un balance de los datos de violaciones a Derechos Humanos (DH), pero también de las muertes indígenas que esto ha costado y de lo que falta en estrategia internacional”, destacó la coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México.

En este contexto, precisó, esta es la primera vez “que vamos a tocar el tema del feminicidio -el cual antes no lo teníamos en la agenda de los Encuentros Continentales- con el fin de visibilizar esa realidad”.

La defensora de los DH, originaria de Guerrero, agregó que en el VI Encuentro también participarán Amnistía Internacional, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), universidades, representantes de medios de comunicación, investigadoras y radios comunitarias.

A su vez, habrá observadoras y observadores, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), funcionarios municipales, estatales y federales, así como representantes de organismos internacionales.

11/GTR/RMB/LGL

Asesinadas 671 mujeres en sexenios de José Murat y Ulises Ruiz -- Feministas proponen agenda de género para Plan Estatal de Desarrollo en Oaxaca

Por la redacción

México, DF, 23 feb 11 (CIMAC).- En los últimos diez años en Oaxaca han sido asesinadas más de 600 mujeres y tres mil han denunciado violencia familiar, a lo que se suma los cientos de niñas y jóvenes abusadas sexualmente, sin embargo ésta es sólo una parte de la desigualdad que padecen las mujeres de la entidad, coincidieron expertas.

Durante su participación en el Foro: “Construyendo la Igualdad de Géneros” realizado ayer en la entidad, Ana María Hernández Cárdenas, integrante del Colectivo Huaxyacac, afirmó que las evidencias presentadas desde hace años por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) muestran que la violencia de género en Oaxaca es un problema grave, el cual hasta el momento ha quedado sin respuesta por parte del Estado.

Durante el evento organizado para elaborar propuestas con perspectiva de género para el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del estado de Oaxaca 2011 – 2016; Hernández Cárdenas, señaló que las cifras muestran una terrible realidad cotidiana para miles de mujeres en la entidad

“De acuerdo a los reportes oficiales y del Colectivo Huaxyacac, del año 1999 al 2010, durante los sexenios de José Murat y Ulises Ruiz fueron asesinadas en Oaxaca 671 mujeres, 320 de ellas durante el gobierno que acaba de terminar”.

Ante ello la también representante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, afirmó que el gobierno de la alternancia deberá marcar claramente en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, las rutas y actores responsables para avanzar en el abatimiento de la violencia de género, “teñida por la impunidad, la falta de acceso a la justicia para las mujeres y mala calidad en la atención a las víctimas”.

Esta problemática multicausal requiere diversas estrategias para atender, prevenir y sancionar la violencia machista de manera efectiva, oportuna y basándose para ello en la legislación en la materia de nuestro estado, del país y a nivel internacional, enfatizó Ana María Hernández.

Entre las propuestas específicas a incorporar en el Plan Estatal referentes a la violencia contra las mujeres la activista consideró que se debe impulsar una cultura de igualdad entre mujeres y hombres así como sus respectivas legislaciones, y hacer las reformas necesarias en la materia; etiquetar recursos suficientes en cada dependencia del gobierno para generar acciones de prevención y atención de la violencia de género.

Consideró que es primordial tipificar en el código penal del estado de Oaxaca los delitos de feminicidio, violencia psicológica, violencia obstétrica e intrafamiliar, para que forme parte del catálogo de delitos graves; entre otros.

A decir de la especialista, el Plan de Desarrollo debe garantizar el acceso de las mujeres a una atención integral de calidad y a la justicia, para ello, dijo deben establecerse unidades regionales o centros de justicia de atención integral a la violencia de género y refugios para la atención de mujeres en riesgo.

Otra propuesta es la creación de una subprocuraduría y fiscalías regionales especializadas en delitos contras las mujeres que brinden seguridad y protección a víctimas y potenciales víctimas de violencia.

Garantizar el aborto por violación, así como sensibilizar y capacitar a jueces y autoridades municipales de usos y costumbres de las diferentes regiones del estado, son otras de las propuestas para el Plan.

María Leticia Briseño Maas, de la Dirección de Equidad y Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; afirmó que la desigualdad no sólo se observa con la violencia física, sino también cuando a trabajos iguales se asignan sueldos desiguales.

“No se trata de modas o decisiones sexenales, se trata de políticas de presente y de futuro, que contemplen la necesidad de volver obligatoria la educación de género que se convierta en el eje transversal de los contenidos educativos de todas las escuelas; de asignación de recursos establecidos, no de partidas especiales o compensatorias”.

Durante su participación en el foro, propuso recuperar- para el Plan Estatal de Desarrollo-las metas planteadas en la Declaración del Milenio signada por los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas en el año 2000, toda vez que los ocho objetivos permiten pensar en una agenda de trabajo para la equidad de género, que permitiría abatir los problemas que se registran en Oaxaca

11/GTR/LGL

22/2/11

Noticias F

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 22 feb 11 (CIMAC).- Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Baja California determinará si desecha la sentencia de 23 años de cárcel que el Juzgado Cuarto de lo Penal de Mexicali impuso a una mujer acusada de homicidio agravado en razón de parentesco, luego de que tuvo un aborto espontáneo.

En entrevista telefónica, Marixtel Calderón, integrante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, informó que la sentencia emitida el pasado 24 de enero a una joven –presa desde 2008– fue apelada por sus representantes, por lo que en breve el Tribunal dará su veredicto, el cual se espera –confió– sea a favor de la mujer de 21 años de edad.

Guanajuato: anuncian reforma penal y consultas para tipificar feminicidio

Asesinan a dos mujeres en Sinaloa; suman 17 en lo que va del año

Carlos García y Javier Valdez

El Congreso de Guanajuato hará una reforma “integral” al Código Penal del estado y prevé discutir la tipificación de delito de feminicidio, como señala la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionada con los crímenes del Campo Algodonero, en Chihuahua, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del órgano legislativo, Gerardo Trujillo Flores.

El 15 de febrero se inició el primer periodo de sesiones del Poder Legislativo de Guanajuato, y la tipificación de los crímenes de odio contra mujeres se debatirá con el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, al igual que con el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, adelantó el también líder de la bancada del Partido Acción Nacional, que es mayoritaria.

El Código Penal será revisado por los tres poderes de Guanajuato, en especial lo relativo al homicidio en razón de parentesco, que incluye delitos como infanticidio y parricidio, añadió.

Oliva Ramírez informó que pidió al procurador estatal de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, que inicie “el análisis correspondiente de esta corriente en favor de los derechos humanos de las mujeres, y tipificar el asesinato de una mujer como feminicidio”, afirmó.

Agregó que Guanajuato avanza en los temas de género, como parte de una política integral de defensa de las mujeres. Desde 2008 se han registrado en Guanajuato 129 feminicidios, según las organizaciones no gubernamentales (ONG) Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y el Centro Las Libres. En 2008 hubo 40 crímenes de este tipo, de los cuales 61 por ciento quedaron impunes; en 2009 fueron asesinadas 44 mujeres, y en 47 por ciento de los casos no se castigó a los responsables; en 2010 hubo 40 muertes, con un nivel de impunidad de 53 por ciento, y en lo que va de 2011 suman cinco casos, detallaron las ONG.

En su sentencia sobre el caso del Campo Algodonero, emitida en noviembre de 2009, la CIDH dispuso la tipificación del feminicidio y señaló que México “debe estandarizar todos los protocolos y manuales de investigación de delitos relacionados con las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres con perspectiva de género”.

Mientras, dos mujeres no identificadas fueron asesinadas a golpes en la playa El Maviri, municipio de Ahome, Sinaloa. Con ellas suman 17 las mujeres muertas violentamente en Sinaloa en los primeros 40 días de 2011.

Policías de Ahome encontraron este domingo a las víctimas en las faldas de un cerro, cerca de un puente, después de que la corporación recibió una llamada anónima.

Los cadáveres presentaban huellas de tortura, pero aún se ignora si las víctimas también sufrieron agresión sexual.

Un saludo



Comité Coordinador

José Angel Aguilar Gil





Información Red Electrónica

Ricardo Fonseca Ceja

Ma. de Lourdes Camacho Solis

Nota

Marisela Reyes pide asilo político en el DF
-- Protestan en la Ciudad de México contra hostigamiento a activistas

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 21 feb 11 (CIMAC).- Las hermanas Marisela y Olga Reyes Salazar, junto con su madre, Sara Salazar, comenzaron hoy una movilización en la Ciudad de México para demandar el cese de las agresiones contra su familia y la presentación con vida de Luisa Ornelas y Elías y Malena Reyes Salazar, quienes están desaparecidos desde el pasado 7 de febrero.

Previo al plantón que esta tarde instalarán en la Plaza Tolsá, en el Centro Histórico, Marisela Reyes informó a los medios de comunicación que su familia evalúa la posibilidad de pedir “asilo político” al Gobierno del Distrito Federal. Además, anunció que continuarán con la huelga de hambre hasta que las autoridades implementen acciones efectivas, para localizar a sus hermanos y a su cuñada.

En conferencia de prensa, Marisela Reyes y su mamá, Sara Salazar, denunciaron que el titular de la Fiscalía de Justicia Norte, Jorge González Nicolás, ha sido omiso al no escuchar sus demandas ni implementar acciones efectivas para encontrar con vida a sus familiares, por ello hicieron un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado para que se solidaricen con las víctimas de “desaparición forzada”.

“Vengo aquí a pedir justicia quiero que me devuelvan a mis hijos vivos, ya es mucho lo que me han hecho. Las autoridades están ciegas y sordas”, afirmó Sara Salazar, y agregó: “Quiero que escuchen, que vean la necesidad y el dolor que tengo. Ya perdí a tres hijos y a estos quiero que me los regresen vivos”.

La señora de 76 años dijo que sólo su hija Josefina Reyes era defensora de Derechos Humanos, sin embargo desde que la asesinaron el 3 de enero de 2010, y luego de que en agosto del mismo año mataron a su hijo Rubén Reyes, ella y su familia se han convertido en luchadores sociales que exigen justicia y, en fechas recientes, piden se localice a Luisa, Elías y Malena.

Luego de que el 15 de febrero, sujetos desconocidos quemaran la casa de Sara Salazar, la familia no descarta la posibilidad de pedir “asilo político” en la Ciudad de México. En tanto, afirmaron que permanecerán en un plantón frente al Senado.

También informaron que en la Cámara de Diputados un grupo de diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, entre los que se encuentran Alejandro Encinas, Leticia Quezada, Enoé Uranga y Teresa Guadalupe Reyes, les han brindado su apoyo y solidaridad.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes dijo a Cimacnoticias que los legisladores impulsarán el tema en la agenda política de la Cámara de Diputados para que las instancias judiciales como la Procuraduría General de la República intervengan y hagan bien su trabajo.

La legisladora agregó: “Estamos checando el tema de Ciudad Juárez y vamos a exigir una evaluación profunda sobre el programa Todos Somos Juárez”. Éste último, un programa anunciado por Felipe Calderón el 17 de febrero de 2010 y el cual consta de160 compromisos que tienen como objetivo reducir la ola de violencia y criminalidad en la ciudad fronteriza.

15/2/11

Nota

NI CÁRCEL NI MUERTE A LAS MUJERES !

Juliana G. Quintanilla

Las feministas tenemos propuestas de lucha que se han estado articulando a través del Pacto nacional por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres. Hemos tenido oportunidad de conocerlas en luchas y movilizaciones, encuentros y reuniones durante años. La semana pasada la Comisión Independiente de Derechos Humanos fue anfitriona de un encuentro de organizaciones de mujeres de Morelos con Javier Hernández, de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos en México (OACNUDH) en las instalaciones de La Comuna, para analizar temas como los tratados en Xalapa en la segunda Reunión del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, y en particular la necesidad de elaborar un diagnóstico estatal que incluya el grave escalamiento del feminicidio y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Ambas reuniones mostraron importantes aspectos que, para las autoridades, pasan desapercibidos o son invisibilizados. Las 177 mujeres de 85 organizaciones de 18 Estados de la República, reunidas en la Ciudad de Xalapa los días 4 y 5 de febrero de 2011, celebraron la segunda Reunión Nacional con el objetivo de realizar el balance anual de actividades; analizar la situación actual del derecho a decidir en los Estados y a nivel nacional y definir nuevas estrategias y plan de acción para este año. En el periodo 2008-2010 fueron aprobadas 17 reformas constitucionales locales que limitan o impiden el ejercicio de uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, criminalizando a las mujeres por practicarse un aborto, incluso cuando se trata del producto de una violación. El camino seguido por estas reformas ha llegado al encarcelamiento de mujeres, no sólo de aquellas que libremente ejercen su derecho a decidir, sino también a mujeres que sufren abortos espontáneos (involuntarios) como lo hemos constatado en varias entidades del país. El Estado, desde sus tres poderes, sigue sin tener claro cuál es su función de Estado laico y de derecho. Sigue impidiendo el ejercicio de los derechos de las mujeres, condenándolas a una pena de muerte latente, donde las deja respirar para que sientan su indefensión e impotencia frente a un ejercicio desmesurado de su poder.

Como hemos documentado en Morelos y en nuestro país, las reformas constitucionales y la forma en que se aplican las leyes, así como las políticas públicas, son un signo evidente de violencia institucional que rechazamos con todas nuestras fuerzas y frente al que continuaremos actuando hasta lograr un Estado realmente democrático y de justicia equitativa. En este sentido, es fundamental mantener una lucha por la defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo. La defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía. Para lograr una vida digna, con libertad, autonomía, poder de decisión sobre nuestras vidas como forma de desarrollarnos plenamente como personas. Esta lucha de las mujeres se enfrenta a la ofensiva de la derecha como parte de una ofensiva contra más sectores de la sociedad y que tiene como fin el sometimiento del conjunto de la población y se manifiesta más claramente en el brutal golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sindicato que ha sido un emblema de lucha y resistencia de las y los trabajadores en el país. Por ello, mantener una relación entre el feminismo y el sindicalismo independiente ha sido reconocido como una prioridad, misma que hemos impulsado en diferentes instancias en Morelos. Es por ello que el encuentro feminista se expresó el total apoyo y solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y en particular de las mujeres trabajadoras del SME, quienes forman parte activa de este Pacto, reiterando la exigencia de que se respete su derecho al empleo y salario dignos. Se rechazó enérgicamente la ola de feminicidio y violencia contra las mujeres, situación que se ve agravada con la creciente militarización del país, que a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico sirve de justificación a las agresiones contra la población, acrecentando la impunidad en estos delitos y en el caso concreto de las mujeres asesinadas por exigir justicia y respeto a los derechos humanos. Ahí se concluyó con las exigencias de un alto a la criminalización de las mujeres por abortar, libertad inmediata a las mujeres presas por abortar, respeto del Estado laico, aplicar de manera efectiva los derechos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y a lo ratificado en la Convención Internacional de Derechos Humanos de Viena, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y la despenalización del aborto en todo el país.