LA ONU CUESTIONA AL ESTADO MEXICANO
El Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, cuestionó al Estado mexicano por las recientes reformas estatales que van en contra de los derechos reproductivos de las mujeres. “Al Comité le preocupa que el aborto sea aún ilegal en todas las circunstancias conforme a las constituciones de muchos estados”. Al mismo tiempo, instó al gobierno a adecuar las legislaciones estatales para dar cumplimiento a los derechos garantizados en ese Pacto, cuya observancia es obligatoria. Los derechos que deberían respetarse y garantizarse son el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la no discriminación y a la igualdad.
La ONU instó a México a asegurar en todo el territorio la aplicación de la NOM 046, que prevé la prescripción de anticoncepción de emergencia y/o interrupción legal del embarazo a las mujeres violadas y, eventualmente, embarazadas en consecuencia. En México no fue sino hasta febrero de 2009 cuando se actualizó el contenido de la NOM 046, de acuerdo con los compromisos asumidos por el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de Paulina Ramírez, de Mexicali, también menor de edad y víctima de una violación, impedida de realizarse un aborto. Esos compromisos incluyeron la “garantía de no repetición”, es decir, que el Estado garantizaría que no iba a suceder otro caso como el de Paulina.
LA NIÑA DE QUINTANA ROO
Amalia tiene apenas 11 años y fue violada, al parecer, por su padrastro. El abuso se conoció porque Amalia quedó embarazada, pero en Quintana Roo la ley que le permitiría interrumpir un embarazo por violación no se aplicará. Quienes han estado cerca de la niña y de su mamá aseguran que nadie les informó sobre las tres opciones frente a un embarazo impuesto: interrumpirlo, continuarlo y quedarse con la criatura o continuarlo y dar la criatura en adopción. Tampoco les informaron sobre los riesgos a la salud que puede correr la niña, a esa edad, en caso de continuar con el embarazo. Amalia está recluida en el DIF estatal, donde, aseguran, hay otras niñas en su misma situación. Según el propio secretario de Salud estatal, en 2009 fueron 881 las menores de edad embarazadas a consecuencia de una violación. Y en los primeros meses de 2010 ya suman 459. “En Quintana Roo se violan los derechos humanos: hay violaciones sexuales, violación de los acuerdos internacionales y de leyes nacionales y locales. Existe una alianza entre DIF local y los grupos Provida para impedir que las niñas tengan un destino diferente al de la maternidad impuesta. Y dos años después de parir a sus hijos, esas niñas son abandonadas por esas instituciones y organizaciones”, dice Lydia Cacho, defensora de los derechos de las mujeres.
Cifras de interrupciones en el DF
En tres años casi 40 mil mujeres accedieron a una interrupción legal del embarazo (ILE).
Del total, 5.3% fueron menores de edad.
El 20% llegó del Estado de México
y 2.7% de otros estados de la República.
El 84% de esas mujeres se declaró católica;
16% era casada,
25% en unión libre y
56% soltera.
El 20% de las mujeres son universitarias,
30% tiene preparatoria completa
y otro 30% completó la secundaria.
El 39% eran amas de casa;
el 27% estudiantes y el resto declaró tener alguna otra ocupación (profesionistas, empleadas, comerciantes).
La mayoría de las interrupciones 70% por ciento se realizó sólo con medicamentos. En porcentajes bastante pequeños hizo falta completar el procedimiento en hospitales y centros de salud públicos.
El 1% presentó alguna complicación que se solucionó adecuadamente.
Mariana Winocur
http://semanal.milenio.com/node/2268
